La corrupción sigue siendo un problema persistente a nivel mundial, con impactos significativos en la sociedad, la economía y la política.
Datos del Barómetro Global de la Corrupción revelan que la mayoría de los países tienen puntajes bajos en el índice de corrupción, reflejando la prevalencia de este problema en todo el mundo. La corrupción se manifiesta tanto a nivel alto, con actos que distorsionan el funcionamiento del Estado y benefician a líderes en detrimento del bien público, como a nivel bajo y medio, donde funcionarios abusan de su poder en interacciones cotidianas con ciudadanos. Con la globalización, la corrupción se ha acentuado, siendo considerada un obstáculo para el desarrollo económico y social.
La inversión extranjera desempeña un papel fundamental en la economía global, especialmente en los países en desarrollo que carecen de tecnología y recursos para desarrollar sus propias industrias. Su presencia se considera crucial para aumentar la competitividad de los mercados en una economía globalizada. La corrupción es un fenómeno evidente y generalizado que afecta a todas las esferas de la sociedad, y su existencia no puede negarse.
Cuando un Estado o un inversor participan en actos de corrupción para obtener o conceder contratos de inversión, la doctrina del estoppel equitativo impide que luego utilicen la corrupción como defensa o argumento en un arbitraje de inversión. Este principio busca evitar la contradicción y el uso oportunista de argumentos legales por parte de las partes.
En el contexto de los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), donde las reclamaciones suelen basarse en contratos en los que participan tanto el Estado como el inversor, el equitable estoppel plantea la cuestión de si una parte puede invocar la corrupción como defensa cuando ambas partes han incurrido en actos ilegales.
Si bien la teoría de los actos propios impide que una parte alegue incumplimiento contractual cuando ha participado en actos de corrupción, también plantea un dilema sobre la viabilidad del arbitraje en casos donde ambas partes han violado la ley. Los tribunales de arbitraje, especialmente los del CIADI, han comenzado a aplicar la doctrina del estoppel equitativo para evitar que los Estados se inhiban de su responsabilidad cuando han participado en prácticas corruptas.